La integración de las víctimas y sus causahabientes al sistema de cobertura sanitaria obligatoria
La Instancia Equidad y Reconciliación (IER) llevó a cabo un estudio en el marco del tratamiento global de las secuelas y las repercusiones de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, y en aplicación de las competencias de la IER referentes a la reparación de daños padecidos por las víctimas de la desaparición forzosa, de la detención arbitraria. Se trata de un estudio realizado durante su mandato, con la ayuda de médicos generales y especialistas puestos a la disposición de la IER, mediante el cual se pretende definir la tipología y la gravedad de las enfermedades de las que padecen las víctimas. El otro objetivo de este estudio es de presentar propuestas para cubrir las necesidades de las víctimas y de sus derechohabientes de manera permanente y continua una vez identificadas sus verdaderas necesidades de salud, sean físicas o psicológicas según un enfoque que tiende a encontrar las mejores soluciones.
Este estudio concluyó que es necesario evitar un enfoque que une la cobertura sanitaria de las víctimas y la reparación del daño psicológico y material. Cabe separar totalmente las indemnizaciones financieras cuya finalidad es la reparación de daños, del derecho de beneficiar de una cobertura sanitaria.
A nivel médico, según dicho estudio, las personas que no tienen actualmente ninguna secuela médica por malos tratos sufridos en el pasado, pueden padecer enfermedades a posteriori a causa de esas prácticas. Por otro lado, estos malos tratos pueden tener diferentes efectos perversos según la naturaleza de la persona y su capacidad de resistencia física y moral.
Sobre la base de los resultados y las conclusiones de este estudio científico, la IER recomendó en su informe final integrar las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y de sus derechohabientes en el sistema obligatorio de la cobertura sanitaria.
El gobierno de Su Majestad celebró una reunión el 16 de enero del 2006, tras el alto discurso real dirigido a la nación el 6 de enero del 2006 a la ocasión del final de la misión de la IER y la presentación de su informe final, en el cual el CCDH fue encargado de la aplicación de las recomendaciones de la IER en colaboración con las autoridades públicas. Dicha reunión fue celebrada en la sede de la primatura, y fue presidida por el primer ministro Driss Jettou y por el difunto Driss Benzekri en representación del CCDH. Una segunda reunión tuvo lugar el 23 de junio del 2006 en la sede de la primatura entre dos delegaciones, una del gobierno y otra del CCDH
Tras esta reunión se formaron 5 comisiones mixtas entre el gobierno y el CCDH para la puesta en marcha de las recomendaciones de la IER.
Destaca la comisión de puesta en marcha de las recomendaciones referentes al programa de reparación individual, que dio luz a una comisión secundaria encargada de la puesta en marcha de la recomendación sobre la integración de las víctimas en el sistema de cobertura sanitaria. La comisión técnica mixta realizó un estudio profundizado que permitió preparar una versión adecuada que permite a las víctimas beneficiar de la cobertura sanitaria y que consiste en :
“ permitir a las víctimas beneficiar de las mejores opciones de cobertura sanitaria según el sistema de seguros obligatorio administrado por la CNOPS-AMO (Caja nacional de organismos de protección social), y que el Estado sufrague los gastos de adhesión a este sistema, todo esto en el marco de una convención entre las partes en cuestión.”.
La convención firmada hoy por parte de las partes en cuestión (ministerio de finanzas, ministerio de salud, la caja nacional de las organizaciones de protección social, el CCDH) tiene como objetivo la entrada en vigor de dicho sistema.
El CCDH coordina con la administración de la caja nacional de las organizaciones de protección social, en la preparación de los trámites administrativos correspondientes para la inscripción y la elaboración de tarjetas para la integración de las personas en cuestión que son las víctimas y sus derechohabientes, los niños y las esposas para que el sistema de cobertura entre en vigor en el próximo mes de septiembre.